La imposiblidad de los derechos de los niños y adolescentes

Ya pasaron 28 años desde que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) está en plena vigencia y 13 años desde la sanción de la Ley en nuestro país. Lo cierto es que más allá del importante avance que estos hitos representan, los datos estadísticos no son alentadores.

Todavía hay millones de niños que ven restringidas las posibilidades de ejercer sus derechos. “En nuestro país 6 de cada 10 niños y adolescentes encuentran limitadas las posibilidades para el ejercicio de sus derechos, principalmente en el plano de la protección, la educación, la vivienda digna y la atención de la salud”, por lo menos así lo expresó Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.

El 20 de noviembre de 1989, en Asamblea General de Naciones Unidas, se aprobó la CDN. Este instrumento internacional, que enfoca los derechos humanos en clave de niñez, es el tratado más ampliamente ratificado alrededor del mundo. Esto significa que los Estados firmantes deben rendir cuentas acerca de las políticas que llevan adelante para cumplir con esos derechos.

Debiendo entender a los niños y niñas como sujetos de derechos lo que implica, de correrse de la mirada adulto-céntrica que pretende cierta supremacía respecto de los niños y niñas (y adolescentes), aprender a escuchar qué es lo que tienen para decir y actuar en consecuencia y además, sitúa a los adultos como responsables y garantes del acceso al ejercicio de sus derechos.

Todos los derechos tienen la misma jerarquía y no es posible priorizar unos por encima de otros. El Estado es el primer garante del efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, pero también lo son todos los adultos, a cargo de su cuidado, la familia, los docentes, el personal de los servicios de salud, la sociedad civil, las empresas. Toda la sociedad es interpelada desde una mirada que trasciende la compasión y para anclarse desde la perspectiva de derechos.

La CDN ingresa al texto constitucional de nuestro país con la reforma del año 1994 y en el año 2005 se sanciona la Ley Nacional 26.061 y a partir de allí comienza el andamiaje de todo un sistema de Protección Integral de Derechos que tiene como objetivo promover, proteger y restituir los derechos de los niños niñas y adolescentes.

“El 20 de noviembre hay mucho que festejar pero también mucho que exigir. Exigir al Estado que, desde su función de garante, genere políticas públicas que respondan a las situaciones que atraviesan las infancias de nuestro país y que promuevan un piso de verdadera equidad para todos los niños y niñas”, concluye la licenciada Alejandra Perinetti en una nota de opinión a la agencia Telam.

Conocelos, respetalos y hacelos respetar

 

 

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